14 dic
El debate sobre el nuevo Estatuto Marco y la huelga médica es legítimo. Que las y los facultativos defiendan sus condiciones laborales forma parte del normal funcionamiento de un sistema sanitario maduro y democrático. Lo que no es aceptable es que, para reforzar una reivindicación, se ataque a otras profesiones sanitarias y se alimente un clima de desprecio hacia la enfermería, como hace el reciente comunicado del Sindicato Médico de Asturias (SIMPA).
Desde el Colegio Oficial de Enfermería queremos responder con serenidad, pero con firmeza, a tres ideas especialmente dañinas que este sindicato ha deslizado.
1. No, el Estatuto Marco no convierte a nadie en “médico low cost”.
El último comunicado del SIMPA afirma que, según el nuevo anteproyecto, “un enfermero, especialista o no, pero doctorado, al módico precio de cualquier universidad online”, pasaría a tener la misma equivalencia “funcional, administrativa y retributiva” que un médico especialista.
Eso es jurídica y técnicamente falso.
El borrador del Estatuto Marco reclasifica al personal sanitario en grupos según el nivel académico del título (grado, máster, doctorado) siguiendo el Marco Español de Cualificaciones (MECU). Es decir, ordena a los profesionales por nivel de formación, no por quién asume qué funciones clínicas. Y, de hecho, el propio texto lo dice negro sobre blanco: la clasificación por grupos tiene efectos exclusivamente administrativos y retributivos y “en ningún caso” altera la jerarquía funcional ni las relaciones interprofesionales, que se siguen rigiendo por la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS).
Reconocer que una enfermera con grado, máster o doctorado está en el mismo nivel académico A que otros graduados universitarios no la convierte en médica ni borra las competencias específicas de cada profesión. Lo que hace es corregir una clasificación anacrónica heredada de la época de las diplomaturas y alinearla con el sistema universitario actual y con lo que se está debatiendo para todo el empleo público (unificación de los subgrupos A1 y A2 para titulados de grado).
Cuestionar que una enfermera doctora pueda estar en el mismo grupo de titulación que un médico, sugiriendo además que ese doctorado se compra “al módico precio de cualquier universidad online”, no es una discrepancia técnica: es un menosprecio directo al sistema universitario español, a las agencias de calidad y al esfuerzo de cientos de profesionales que han dedicado años a formarse e investigar.
2. La enfermería no dispara la mortalidad: la dispara la desigualdad.
El comunicado utiliza un ejemplo especialmente grave: afirma que, en países como Reino Unido, donde el médico de familia trabaja “rodeado por un ejército de enfermeras” que atienden patologías leves, “la mortalidad se ha disparado hasta límites obscenos”.
No hay una sola evidencia seria que sostenga ese salto causal.
Lo que sí hay son decenas de estudios y revisiones sistemáticas que muestran que las enfermeras especialistas y las advanced nurse practitioners en atención primaria ofrecen cuidados con resultados de salud similares o mejores, alta satisfacción de pacientes, buen control de enfermedades crónicas y, en muchos casos, mayor coste-efectividad, cuando se comparan con modelos exclusivamente médico-céntricos.
Cuando miramos las tendencias de mortalidad y esperanza de vida en Inglaterra, las principales causas de estancamiento o empeoramiento no son las consultas de enfermería, sino factores como: desigualdades socioeconómicas cada vez mayores, austeridad y recortes en servicios sociales y sanitarios, obesidad, mala dieta y otros determinantes sociales de la salud, falta de acceso a servicios, urgencias y camas de hospital.
Afirmar que la mortalidad “se dispara” porque las enfermeras atienden catarros o infecciones urinarias no complicadas no solo es falso, sino profundamente irresponsable: asusta a la ciudadanía sin fundamento y erosiona la confianza en la atención que reciben cada día en sus centros de salud.
3. Equipo sí, jerarquías rígidas y desprecio no.
La Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias deja claro que la asistencia se presta crecientemente en equipos multiprofesionales, donde la responsabilidad se articula de forma jerarquizada o colegiada según conocimientos, competencias y titulación, y donde la delegación de actuaciones se basa en la confianza y en la organización interna del equipo.
Traducido:
Hay funciones propias del médico que nadie discute, hay competencias propias de la enfermera que tampoco son delegables, y hay un espacio creciente de actuación avanzada de enfermería que mejora el acceso, la continuidad y la seguridad del paciente, sin sustituir indebidamente a nadie.
En este contexto, defender que solo una categoría profesional es “responsable del proceso asistencial” y que el resto “se limita a los cuidados” no refleja la realidad actual de la práctica clínica, ni el marco legal vigente, ni la complejidad de la atención que hoy proporcionan las enfermeras en UCI, urgencias, atención primaria, salud mental, pediatría, cuidados paliativos o gestión de cronicidad.
El propio Consejo General de Enfermería viene señalando que la reforma del Estatuto Marco debería reconocer, de una vez, el lugar que corresponde a las enfermeras especialistas y a las que poseen máster y doctorado, tanto en clasificación como en acceso a puestos de responsabilidad, precisamente porque la vida de los pacientes también está en sus manos.
4. Condiciones dignas para todos, sin “fake news” sobre nadie.
Las enfermeras no son ajenas a la precariedad, a las jornadas interminables ni al desgaste profesional. También sufrimos contratos encadenados, plantillas insuficientes, guardias de 24 horas y renuncias personales para mantener en pie la sanidad pública. Exigir mejores condiciones para los médicos no requiere minimizar ni ridiculizar el papel de la enfermería.
Por eso, desde el Colegio Oficial de Enfermería del Principado de Asturias queremos subrayar tres mensajes muy claros:
-Los ciudadanos pueden confiar en que la atención que reciben de las enfermeras —en coordinación con médicos y otros profesionales— es segura, basada en la evidencia y reconocida internacionalmente.
-Defender derechos laborales es legítimo; hacerlo a costa de desacreditar a otras profesiones no lo es.
-El debate sobre el Estatuto Marco debe hacerse con rigor jurídico y datos, no con comparaciones simplistas, alusiones despectivas a la formación de las enfermeras ni afirmaciones alarmistas sobre la mortalidad en otros países.
La sanidad asturiana y española necesita médicos fuertes, enfermeras fuertes y equipos cohesionados. Lo que no necesita es que, en plena negociación de un texto clave, se reaviven viejos prejuicios y se siembre la idea de que avanzar en el reconocimiento académico y profesional de la enfermería es una amenaza para nadie.
Porque defender la sanidad pública es, sobre todo, sumar: sumar respeto, sumar cooperación y sumar talento. Y en esa suma, las enfermeras están —y seguirán estando— en primera línea, al lado de sus pacientes y junto al resto de profesionales, a pesar de todo.